
Ya está en vigor el Código de Accesibilidad de Cataluña, que detalla las medidas en materia de accesibilidad aplicables a la edificación, transporte, urbanismo, productos y servicios, tanto públicos como privados y en espacios ya existentes o los de nueva creación.
El Código va más allá de las barreras arquitectónicas y tiene en cuenta la accesibilidad comunicativa y cognitiva de los productos y servicios o de actividades culturales, deportivas y de ocio.
¿Cuáles son los objetivos del nuevo Código?
- Afrontar el reto demográfico del envejecimiento.
- Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o dificultades de interacción.
- Evitar las desigualdades que generan las barreras existentes.
- Crear un distintivo de calidad como reconocimiento de los establecimientos, servicios o municipios que incorporen medidas de accesibilidad más allá de las obligatorias.
Las proyecciones de futuro prevén que en 2031 prácticamente uno de cada cuatro catalanes tenga 65 años o más, que se haya doblado el número de personas con cuatro o más problemas crónicos de salud y también que incremente el número de personas con discapacidad o dependencia.
Líneas de actuación
- Mejora de las condiciones de accesibilidad de todo lo que se diseñe de nuevo: Incorpora algunos aspectos recogidos de forma insuficiente en la normativa vigente.
- Impulso de la transformación del entorno existente: Afecta al edificio donde se reside, las vías públicas, el acceso al tejido comercial y la restauración, el uso de los medios de transporte, la participación en los servicios culturales y de ocio y el acceso a los entornos digitales.
Establece directrices detalladas para llevar a cabo una serie de ajustes razonables, fáciles de ejecutar y necesarios para eliminar barreras significativas a las comunidades de propietarios. También establece plazos (de entre 1 y 3 años principalmente) para que estas actuaciones no se sigan demorando permanentemente. - Incorporación de la accesibilidad comunicativa y cognitiva: Con medidas y recursos para que las personas con discapacidades sensoriales y cognitivas tengan las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.
Para minimizar el impacto económico que supongan estas intervenciones, el Gobierno estudia reforzar líneas de crédito existentes y crear otras nuevas.