El Gobierno ha aprobado reorientar la actual política patrimonial de la Generalitat hacia un nuevo modelo de ocupación en inmuebles administrativos de propiedad, en detrimento del alquiler, y ubicados prioritariamente en suelo de equipamientos. La nueva política patrimonial también prevé la rehabilitación de edificios que pertenecen a la Generalitat y la optimización de espacios ya ocupados actualmente (en régimen de alquiler o de propiedad) para hacerlos más eficientes y adaptarlos a las nuevas formas de trabajar en la Administración en un contexto de trabajo híbrido, que combina la presencialidad y el teletrabajo.
La voluntad del Govern es alcanzar el máximo ahorro en el gasto inmobiliario, garantizar la estabilidad y la continuidad en la prestación de los servicios públicos y dotar a la Generalitat de mayor patrimonio, tras la pérdida de activos que se produjo entre los años 2012 y 2014.
De esta forma, se revertirá la situación actual en la que, en el caso de la ciudad de Barcelona, el 63% de la superficie ocupada se encuentra en régimen de alquiler y el 22% en propiedad. El objetivo es que en 2038 casi el 68% de las oficinas estén en régimen de propiedad de la administración catalana, una proporción ligeramente superior a la que había en 2012.
Ahorros directos e indirectos
Con este nuevo modelo de propiedad se obtendrán importantes ahorros recurrentes tanto en costes directos (renta) como en costes indirectos (servicios y suministros asociados a los inmuebles) que permitirán recuperar la inversión realizada en un plazo de tiempo que se estima inferior a los 10 años en la mayoría de operaciones, y generar ahorros a partir de esa fecha que se podrán dedicar a otras políticas públicas. Asimismo, estos inmuebles suponen un activo que, en un mercado como Barcelona, mantendrá o, muy probablemente, incrementará su valor.
Además de los ahorros económicos, con este nuevo modelo se pondrá fin a las disfunciones del modelo de ocupación de edificios en régimen de arrendamiento. En primer lugar, por la complejidad que comporta para la gestión patrimonial; y, en segundo lugar, por la situación dinámica y cambiante del mercado inmobiliario de oficinas, especialmente en Barcelona. De esta forma, se garantizará una ubicación estable para los trabajadores que prestan servicios públicos y un modelo patrimonial más coherente con la vocación de permanencia histórica de la institución.
